Parece existir algún acuerdo entre varias
formaciones políticas, para impulsar la creación de una "comisión de la
verdad" sobre la crisis de las cajas de ahorro.
Ya lo hicieron las Cortes de Aragón sobre el
expolio de Caja Inmaculada.(1)
Tras efectuar un mero ejercicio aritmético con las cifras reflejadas en los
balances, el resultado fue demoledor: Mil cuatrocientos millones de euros
perdidos. Y ahí se quedó todo. En mi opinión, un simple paripé. Pero no porque
quienes redactaron las conclusiones estuvieran equivocados, sino porque la
propia comisión se vio limitada en el alcance de sus trabajos. Baste como
ejemplo citar que ni la CAI, ni el FROB ni el Banco de España facilitaron a la
comisión toda la documentación requerida. También es probable que la vista del
precipicio te haga retroceder.
En realidad, los datos que la anunciada comisión
va a analizar son públicos y están al alcance de cualquiera que los quiera ver.
Lo sorprendente es el silencio informativo y académico al respecto. Al silencio
institucional ya estamos acostumbrados. Del informativo y académico, lo que
puedo colegir no es agradable.
Invito a una actividad relativamente sencilla. En
la dirección
http://www.ceca.es/que-hacemos/analisis-economico-y-regulatorio/estados-financieros/
está disponible documentación sobre el estado financiero de las entidades de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros. Entre otros documentos, las cuentas
de pérdidas y ganancias desde 2002. Quien quiera puede comprobar que la suma del
epígrafe "pérdidas por deterioro de activos" entre 2006 y 2015 supera
los 158.000 millones de euros.
Dos anotaciones al respecto:
1) Casi todo el contenido del epígrafe citado son
inversiones crediticias
2) Hay otros epígrafes con pérdidas. Por ejemplo,
pérdidas por deterioro del resto de activos.
Que nadie caiga en la tentación de pensar que
este otro epígrafe tiene poca importancia. Por ejemplo, en 2012 Catalunya Banc
contabilizó 6.286 millones de euros como "pérdidas por deterioro de
activos" y 4.638 millones como "pérdidas por deterioro del resto de
activos". La cito como ejemplo, aunque no es, ni de lejos, el más
significativo. Ver página 51 y posteriores en el Anuario Estadístico 2012 de
CECA. (2)
En resumen: Las pérdidas contabilizadas en el
periodo citado, superan los 200.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que
se trataba de dinero social y que no se evaporó, sino que cambió de bolsillo,
la labor de la anunciada Comisión tiene una hoja de ruta bastante
definida.
Por terminar:
- En el mismo periodo, la deuda pública española
pasó de 400.000 millones de euros a 1.070.000 millones, unos 670.000 millones
de euros de incremento. Relacionar el expolio de las cajas con dicho incremento
no parece aventurado.
- Los beneficios que, lógicamente, obtuvieron las
empresas inmobiliarias participadas en el periodo anterior a la crisis, no
acabaron en el balance de las cajas. Los beneficios de éstas procedían del
margen de intermediación y de las comisiones, muy poco por la participación en
entidades del grupo.
- Al estallar la burbuja, se cancelaron total o
parcialmente operaciones en vigor con beneficios obtenidos en otras
promociones, por lo que parte de las pérdidas no se llegó a contabilizar. De eso
fueron claramente conscientes los empleados de Caja de Ahorros de la
Inmaculada, pues algunos tuvieron que revisar finca por finca, crédito por
crédito, operaciones que se iban a traspasar a la Sareb. Descubrieron,
atónitos, que CAI tenía muchísimas inversiones en Guadalajara, Huelva, etc. y
que algunos de los préstamos tenían amortizaciones anticipadas, aunque las
fincas hipotecadas eran rústicas sin recalificar y, obviamente, no se había
hecho construcción alguna.
- Desafortunadamente, el tiempo está confirmando
los temores de hace unos años. Las cosas han sido incluso peores. Casi
todo lo que se puede decir, está dicho ya en entradas anteriores. Como colofón,
llamar la atención sobre un aspecto: Hay una suerte de consenso sobre la
culpabilidad de “los políticos” y “los sindicalistas” en lo ocurrido. Nadie
quiere recordar que era habitual en las cajas que hasta el 35/40 % de los
compromisarios representaran a los impositores, un porcentaje parecido a las
corporaciones municipales y comunidad autónoma, quedando el resto para el ente
fundacional y un 5 ó 6 % para los empleados. Es más, miembros de asociaciones
que participaron en la gestión, braman contra lo ocurrido como si no fuera con
ellos. El postureo como estrategia de supervivencia. Mientras, el foco de los
medios está puesto en los corruptos, pero nadie habla de los corruptores. Será
para que no se enfaden.
