Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España

Desde el 11 de Mayo de 2017, se vienen celebrando sesiones de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, en el Congreso de los Diputados. Esta comisión ha terminado el periodo de comparecencias y no tardando mucho hará públicas sus conclusiones finales.

Casi todos sus diarios de sesiones están disponibles en la dirección: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=360&idLegislatura=12

(Digo “casi” porque son 45 sesiones, pero solo hay 41 archivos PDF. Imagino que será un error de la página. Tampoco parecen estar accesibles los archivos en vídeo de algunas sesiones)

En todo caso, no he leído con detenimiento todos y cada uno de los diarios, pero me centraré en el último, que recoge la intervención del consejero delegado del Banco de Santander, Sr. Álvarez Álvarez.

Cifró en 175.000 millones de euros las pérdidas contabilizadas por el sector Cajas de Ahorro, que suponía el 55 % del sistema financiero.  Mis cálculos rondaban los 152.000 millones de pérdidas y un peso del 51 % del sistema; entiendo que la cifra de 175.000 será mucho más acertada, así como el porcentaje del 55 %. Seguro que el equipo del Sr. Álvarez es mucho mejor que un ex empleado de caja de ahorros.

También cuantificó las pérdidas contabilizadas por los bancos. Concretamente, en 125.000 millones. No quedó claro si en esa partida incluía las pérdidas de bancos propiedad de Cajas.

Por supuesto, nada se dijo de las pérdidas enjugadas en balance (a fin de cuentas, los resultados son de grupos consolidados de empresas) y, mucho menos, de los beneficios que el sector promotor-constructor debería haber aportado a las cajas y que no aparecen por ningún lado. Es evidente que las inmensas plusvalías generadas en la compra venta de suelo, edificable o no, fueron a parar a otras manos. Pero no parece que ninguno de los grupos parlamentarios tenga especial interés en este aspecto, de importancia capital, por cierto.

El Sr. Álvarez hizo una encendida defensa de su banco, como es su obligación. Sin embargo, cruzó algunas líneas.  Al afirmar que su banco contribuyó, el pasado año, al sostenimiento público con 1.130 millones de euros, incluyó explícitamente las cotizaciones empresariales a la seguridad social, 455 millones de euros. Ninguno de los asistentes consideró oportuno recordarle que esa cuantía forma parte de la obligación contractual de la empresa con sus trabajadores y no lo puede presentar como una contribución del banco a las arcas públicas. Por esa regla de tres, también podría incluir el IRPF o las cotizaciones de los trabajadores. Da la sensación de que quienes tomaron la palabra y lo interpelaron, estaban más preocupados en dejar constancia de lo listos que eran o en convertir el acto en un “debate de portavoces”  como la Presidenta de la Comisión se vio obligada a recordar a alguno de los intervinientes. 

No diré que las preguntas lanzadas no tengan importancia, sin embargo –en mi opinión- se han librado muy mucho de hacer las preguntas clave: ¿Dónde fue el beneficio en la compraventa de suelo? ¿Cómo tributó? ¿Con qué criterios se hicieron las adquisiciones? ¿Qué relación existía entre los órganos de gobierno de las cajas y los responsables de la recalificación del suelo en los ayuntamientos? ¿Qué información tenían los compromisarios en las asambleas de las cajas de ahorro sobre la política inmobiliaria de las entidades? ¿Se han investigado las contabilidades ocultas, frecuentes en las cajas? ¿Se van a dirimir responsabilidades sobre la política de créditos a empresas del grupo?

Al final todo parece quedar en postureo. Ojalá me equivoque.