Desde el 11 de Mayo de 2017, se
vienen celebrando sesiones de la Comisión de investigación sobre la crisis
financiera de España y el programa de asistencia financiera, en el Congreso de
los Diputados. Esta comisión ha terminado el periodo de comparecencias y no
tardando mucho hará públicas sus conclusiones finales.
Casi todos sus diarios de
sesiones están disponibles en la dirección: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=360&idLegislatura=12
(Digo “casi” porque son 45
sesiones, pero solo hay 41 archivos PDF. Imagino que será un error de la
página. Tampoco parecen estar accesibles los archivos en vídeo de algunas
sesiones)
En todo caso, no he leído con
detenimiento todos y cada uno de los diarios, pero me centraré en el último, que
recoge la intervención del consejero delegado del Banco de Santander, Sr.
Álvarez Álvarez.
Cifró en 175.000 millones de
euros las pérdidas contabilizadas por el sector Cajas de Ahorro, que suponía el 55 % del sistema financiero. Mis cálculos rondaban los 152.000 millones de pérdidas y un peso del 51 % del sistema;
entiendo que la cifra de 175.000 será mucho más acertada, así como el porcentaje del 55 %. Seguro que el equipo del
Sr. Álvarez es mucho mejor que un ex empleado de caja de ahorros.
También cuantificó las pérdidas
contabilizadas por los bancos. Concretamente, en 125.000 millones. No quedó
claro si en esa partida incluía las pérdidas de bancos propiedad de Cajas.
Por supuesto, nada se dijo de las
pérdidas enjugadas en balance (a fin de cuentas, los resultados son de grupos
consolidados de empresas) y, mucho menos, de los beneficios que el sector
promotor-constructor debería haber aportado a las cajas y que no aparecen por
ningún lado. Es evidente que las inmensas plusvalías generadas en la compra venta
de suelo, edificable o no, fueron a parar a otras manos. Pero no parece que
ninguno de los grupos parlamentarios tenga especial interés en este aspecto, de
importancia capital, por cierto.
El Sr. Álvarez hizo una encendida
defensa de su banco, como es su obligación. Sin embargo, cruzó algunas líneas. Al afirmar que su banco contribuyó, el pasado
año, al sostenimiento público con 1.130 millones de euros, incluyó
explícitamente las cotizaciones empresariales a la seguridad social, 455
millones de euros. Ninguno de los asistentes consideró
oportuno recordarle que esa cuantía forma parte de la obligación contractual de
la empresa con sus trabajadores y no lo puede presentar como una contribución
del banco a las arcas públicas. Por esa regla de tres, también podría incluir
el IRPF o las cotizaciones de los trabajadores. Da la sensación de que quienes
tomaron la palabra y lo interpelaron, estaban más preocupados en dejar
constancia de lo listos que eran o en convertir el acto en un “debate de
portavoces” como la Presidenta de la
Comisión se vio obligada a recordar a alguno de los intervinientes.
No diré que las preguntas
lanzadas no tengan importancia, sin embargo –en mi opinión- se han librado muy
mucho de hacer las preguntas clave: ¿Dónde fue el beneficio en la compraventa
de suelo? ¿Cómo tributó? ¿Con qué criterios se hicieron las adquisiciones? ¿Qué
relación existía entre los órganos de gobierno de las cajas y los responsables
de la recalificación del suelo en los ayuntamientos? ¿Qué información tenían
los compromisarios en las asambleas de las cajas de ahorro sobre la política
inmobiliaria de las entidades? ¿Se han investigado las contabilidades ocultas, frecuentes
en las cajas? ¿Se van a dirimir responsabilidades sobre la política de créditos
a empresas del grupo?
Al final todo parece quedar en
postureo. Ojalá me equivoque.
