Las Cajas y la privatización de la Sanidad Pública

Las Cajas y la privatización de la Sanidad Pública

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sanidad/publica/negocio/elpepusoc/20071125elpepisoc_1/Tes

Este párrafo merece especial interés: "La ganadora fue una unión temporal de empresas controlada por Adeslas (con el 51%), Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (el 45%) y las constructoras Dragados y Lubasa (con el 2% cada una). El mismo esquema que se va a seguir en el resto de las concesiones en la Comunidad Valenciana: aseguradoras sanitarias, cajas de ahorros y constructoras. Una de ellas, en Torrevieja, ya está funcionando. Y otras tres lo harán en breve: Denia, Manises y Elx-Crevillent."

http://www.nodo50.org/pce/mundoobrero/mopl.php?id=584

http://casmadrid.org/index.php?idsecc=NOTICIAS&id=13&titulo=NOTICIAS


Cajas de Ahorros y especulación inmobiliaria

http://www.cotizalia.com/cache/2007/10/01/21_banco_espana_insta_cajas_ahorros_vender.html

http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-boletin/archivo/indice/937/msg/962/#not-10172

http://www.bolsacinco.com/070709075203B5_crisis_inmobiliaria_salpica_titulizacion_millones_caja_madrid.htm


http://www.eleconomista.es/economia/noticias/323354/12/07/Las-inversiones-de-CAM-Kutxa-y-Caja-Murcia-en-la-costa-saltan-a-Bruselas.html

Buzones de correo o enlaces a los que remitir quejas

Defensor del Pueblo:

registro@defensordelpueblo.es

Defensor del Pueblo de tu Comunidad Autónoma:


a través de este enlace http://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=enlaces.asp
puedes acceder a la página web del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma al que te quieras dirigir. Suelen tener un formulario electrónico, pero acostumbran a indicar un buzón de correo.

Presidencia del Gobierno

jlrzapatero@presidencia.gob.es

Gobiernos Autonómicos

A través del link

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobiernos_auton%C3%B3micos_espa%C3%B1oles

puedes acceder a la web de tu interés.

Partidos políticos

En este link creo que están todos:

http://guindo.cnice.mecd.es/~jsas0019/partidos_politicos.htm

Organizaciones sindicales

CC.OO.

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Conoce_CC.OO.:Contacta

UGT

info@cec.ugt.org


U.S.O.

http://hl35.dinaserver.com/hosting/fuso.es/uso/component/option,com_contact/Itemid,3/

ininfo@cec.ugt.orgfo@cec.ugt.org

Modelo de carta a remitir a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc..

Muy Srs. míos:

Quiero hacerles llegar mi queja por el comportamiento de los representantes de las Corporaciones Locales, en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros, que consienten, por acción u omisión, que las Cajas de Ahorros:

1º) Abandonen su compromiso contra la usura y la exclusión, participando en la especulación inmobiliaria.

Esta participación se produce a través de las inmobiliarias participadas por dichas Cajas, además de otras vías. Resulta preocupante que personas que tienen responsabilidades en la recalificación de suelos, las tengan también en las decisiones de inversión que toman las Cajas en materia inmobiliaria. A mi juicio, es una vulneración flagrante del artículo 47 de nuestra Constitución.

2º) Lleven a cabo políticas de externalización, privatización encubierta, deslocalización y deterioro de las condiciones de trabajo.

3º) Marginen al colectivo de inmigrantes de sus líneas de crédito habituales, mediante la introducción de filtros informáticos basados en el tipo de N.I.F. Así, los clientes identificados con N.I.E, (número de identificación de extranjero) se enfrentan a condiciones de financiación más duras en algunas Cajas.

4º) Estén creando empresas financieras a las que desvían el crédito de "inferior calidad". Esas empresas cobran tipos muy superiores a los habituales, en ocasiones con tasas anuales próximas al 30 %. En algunos casos, estas empresas han sido creadas por agrupaciones de Cajas, lo que podría suponer un pacto para fijar precios, vulnerando las reglas sobre competencia. Como quiera que esos créditos de "inferior calidad" son los solicitados por los clientes próximos o inmersos en los parámetros de exclusión social, las Cajas hacen exactamente lo contrario de los que predican: Fomentar la exclusión.

5º) Estén condicionando la concesión de ayudas vía Obra Social, a la vinculación como clientes de sus responsables, algo que me parece absolutamente detestable.

6º) Estén dedicando a reservas ingentes cantidades de dinero. La mayor parte de los beneficios netos (un 75 % como media) se destinan a reservas. Se está produciendo la conversión de un patrimonio social en un patrimonio especulativo.

Por lo anteriormente expuesto, entiendo que las Cajas están incumpliendo de forma flagrante sus compromisos fundacionales: Lucha contra la usura, la exclusión social y carencia de ánimo de lucro.

Como ciudadano, pongo en su conocimiento que permaneceré muy atento a los distintos programas de gobierno que concurran en todos los procesos electorales que se celebren a partir de este momento.

Lo tendré muy presente a la hora de decidir mi voto.

Atentamente,

Modelo de carta a remitir al Defensor del Pueblo

Excelentísimo Señor:

Por la presente, deseo expresar mi queja por el comportamiento de los Representantes de Corporaciones Locales en las Asambleas de Compromisarios y Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros, quienes entiendo no están cumpliendo con sus responsabilidades con las entidades a las que representan, ni con los ciudadanos.

Las Cajas de Ahorros nacieron para luchar contra la usura y la exclusión social, como bien recuerdan en su publicidad, memorias, publicaciones y páginas web. Actualmente se autodefinen como fundaciones privadas sin ánimo de lucro, que revierten parte de sus beneficios a la sociedad, a través de su Obra Social.

Este carácter social, les permitió beneficiarse durante décadas de un tratamiento diferenciado que, combinado con su orientación y, generalmente, buenas prácticas, propició que alcanzaran una elevada cuota de mercado. Paradójicamente, aunque las Cajas dicen actuar bajo criterios de puro mercado, no están sometidas a una de las leyes básicas del mismo, el reparto de beneficios a sus propietarios, dada su personalidad jurídica y objetivos. En el inconsciente colectivo, Caja de Ahorros es sinónimo de trato justo, precio equilibrado y beneficios sociales. Es público que, actualmente, suponen un cincuenta por ciento del sistema financiero español.

A mi juicio, en los últimos años asistimos a un progresivo deterioro del aspecto social de estas Instituciones, para las que la Obra Social se está convirtiendo en la coartada que les permite operar como entidades especulativas; todo ello con la aquiescencia de los Representantes de Corporaciones Locales. Alguna Caja dedicó a obra social en 2006 menos del 11 % de su beneficio neto. De la lectura de sus estados contables, se deduce que, por término medio, las Cajas de Ahorros dedican a obra social aproximadamente el 25% de sus beneficios, dedicando el 75 % restante a engrosar su patrimonio.

Lentamente, se está produciendo una apropiación de un Patrimonio con finalidad social, para convertirlo en un patrimonio con finalidad especulativa. En algunas Comunidades Autónomas, las Cajas están financiando la privatización de áreas de la Sanidad Pública.

Las Cajas de Ahorros están creando empresas de financiación, especializadas en el crédito al consumo. Según la masa crítica de la Caja, en solitario o en asociación con otras Cajas. Sus tipos de interés, salvo excepciones, son entre dos y cinco veces superiores a los tipos ofertados por las cajas propietarias. Un crédito de estas empresas puede alcanzar una T.A.E. superior al treinta por ciento. Dado que estas financieras dicen en su publicidad que su oferta abarca préstamos personales, tarjetas de crédito, financiación en comercios, financiación de automóviles y reagrupación de deudas, parece lógico pensar que las Cajas partícipes han iniciado un proceso de externalización gradual de un área de negocio. Obviamente, ningún cliente económicamente solvente y con formación financiera mínima, firmará operación alguna con estas financieras, por lo que serán los clientes económica, social o culturalmente débiles, quienes paguen el considerable sobreprecio de esta actuación. Por otra parte, en el caso de financieras fundadas por una asociación de Cajas, podría ser una forma encubierta de pactar precios.

A partir de las modificaciones legales en materia fiscal y ley del suelo, se creó un escenario muy favorable para la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorros, lejos de mantener una línea de actuación en concordancia con su finalidad (fundaciones privadas sin ánimo de lucro), alimentaron sin demora la incipiente burbuja. Aparentemente cansados de financiar a constructores y promotores para que hicieran su negocio, los equipos directivos de las Cajas decidieron entrar de lleno, no solo financiando, sino actuando como promotores y constructores. Esto se viene haciendo por el simple procedimiento de crear empresas constructoras, en las que las Cajas tienen una parte significativa del capital. Las plusvalías obtenidas y latentes por este concepto son cuantiosas, beneficiando no sólo los estados contables de la Caja, sino también las de sus asociados, como es lógico. Este uso de las Cajas para obtener beneficios traspasando sin pudor umbrales éticos y enriquecer a compañeros de viaje, se viene efectuando sin que conste que los representantes de las Corporaciones locales, presentes en sus órganos de gobierno, ejerzan tutela, control o crítica alguna. Y no será porque lo ignoren. Dado que la clientela natural de las Cajas son las economías pequeñas y medias, se da la terrible paradoja de que con el dinero de las capas sociales menos pudientes, se está especulando contra ellas, al dificultarles enormemente la consecución de un derecho fundamental: Una vivienda digna. Entiendo que los representantes de las Corporaciones locales han omitido su obligación de velar por el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución.

Según parece, las dietas abonadas por las Cajas a los miembros de sus Órganos de Control son, en promedio, de 813 euros por reunión. De ser cierto este dato, las Cajas estarían abonando a sus compromisarios y/o consejeros cada vez que acuden a una reunión un importe equivalente al salario mensual de muchos de sus clientes.

Áreas completas de negocio han sido (o están siendo) externalizadas en la práctica totalidad de Cajas. Va siendo habitual que las operaciones de valores, inversiones, archivo, captura de datos, domiciliaciones, control de impagados, atención telefónica, medios de pago, etc. se encomienden a empresas creadas por las Cajas, a veces con la participación de directivos de las mismas o personas con información privilegiada, en su accionariado. En nombre de la optimización de costos, se genera empleo de peor calidad y beneficios para determinadas personas. Las plantillas de las Cajas crecen en una proporción muy inferior al incremento de su volumen de negocio, por este simple procedimiento: Externalizar.

Quiero expresar mi preocupación por el uso mercantilista que se le está dando a la Obra Social. Algunas Cajas están empezando a condicionar la concesión de ayudas por esa vía, al grado de vinculación comercial existente entre los responsables de las entidades demandantes de ayuda y la propia Caja. Me parece un paso peligroso. Me pregunto cual es el soporte ético para conceder o no una ayuda a una asociación de parapléjicos, o de enfermos oncológicos, en función de que los responsables de la Asociación sean o no clientes a título particular.

He tenido conocimiento de las crecientes dificultades que las personas de otras nacionalidades, tienen a la hora de conseguir financiación y servicios bancarios en las entidades financieras españolas, Cajas de Ahorro incluídas.

Estas dificultades, ampliamente comentadas en los medios de comunicación, no deberían ser distintas a las que cualquier cliente de nacionalidad española tiene que hacer frente. Al parecer, en algunas entidades se han establecido condiciones específicas de análisis y concesión de riesgos para aquellos clientes identificados con N.I.E. (número de identificación de extranjero) y no con D.N.I. (documento nacional de identidad). De ser cierto, podrían estar vulnerándose derechos fundamentales de estas personas, en base a su nacionalidad.

Es obvio que las Cajas deben obtener beneficio en sus operaciones. Es fundamental para su supervivencia que desvíen parte de sus beneficios a reservas, no solo para cumplir con sus obligaciones contables, sino para hacer más segura la entidad y otorgar seguridad a sus clientes. Pero cobrar intereses de usura, comisiones abusivas, emitir directrices xenófobas, especular obligando a los menos pudientes a contratar hipotecas vitalicias o haciendo imposible que accedan a una vivienda digna dificultando, de paso, el crecimiento de otros sectores económicos a los que los ciudadanos no pueden desviar recursos, subcontratar y externalizar cada vez mayor número de áreas de negocio creando empleo de baja calidad, elevar dietas y retribuciones de compromisarios y consejeros a importes que parecen propios de una compra de voluntades.... nada de esto parece guardar relación con la naturaleza de las Cajas. Y la Obra Social no puede ser la coartada con la que, tras pagarle poco más que un diezmo, justifique tamaños despropósitos.

Creo necesaria la creación de un código de conducta para las Cajas de Ahorros, en el que se especifiquen claramente los límites a su actuación. Los intereses máximos, el porcentaje dedicado y la orientación de las acciones realizadas como Obra Social; las operaciones inmobiliarias acometidas por sus empresas participadas, las condiciones de trabajo impuestas a sus empleados, las retribuciones de sus consejeros, personal de alta dirección y órganos de control y gobierno, no pueden dejarse libremente en manos de sus gestores.

No estoy de acuerdo con la actitud de los Representantes de Corporaciones Locales presentes en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros. Puedo entender, que no compartir, que los directivos de las Cajas se dejen el corazón en casa. Probablemente sea un estorbo a la hora de analizar ratios de eficiencia y beneficios. Pero que los bendigan con su silencio o complicidad quienes me representan como ciudadano, es excesivo.

Atentamente,

Cosas que podemos hacer

Las Cajas han establecido vías de colaboración y financiación, con todo tipo de organizaciones empresariales, sociales, políticas y sindicales.

Estas vías de colaboración, les vienen prestando una cierta inmunidad, por decirlo de algún modo. Es difícil que una asociación, partido político o sindicato, algunos de cuyos miembros forman parte de sus Órganos de Gobierno, reclame una modificación sustancial de las pautas de comportamiento de las Cajas.

Salvo que no les quede otra opción.

Y de eso se trata.

Por si dudas de la importancia de los representantes de las Corporaciones Locales, te daré un dato. Una de las mayores Cajas de Ahorros españolas, tiene una Asamblea General formada por 320 consejeros. De ellos, 140 representan a Ayuntamientos y Comunidad Autónoma. Casi un 44 % del total. ¿Imaginas una dirección que tenga la oposición del 44 % de la Asamblea?. En una empresa convencional, puede. En una Caja, es imposible.

La misma Constitución cuyo artículo 47 se ningunea, indica quién debe velar por su cumplimiento. Es la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en esta norma suprema del ordenamiento jurídico.

Si consideras que existen motivos para efectuar una queja, puedes dirigirte al Defensor del Pueblo. Te aseguro que se lo toman muy en serio.

Lo mismo cabe decir de los Defensores del Pueblo autonómicos.

Una copia podrías remitirla a Presidencia del Gobierno. A fin de cuentas, algo tendrán que decir al respecto. Y si los motivos de tu queja son justos, darás fuerza a estas instituciones para que puedan actuar, cada una dentro de sus competencias. A veces, nos olvidamos de que nuestros representantes necesitan saber cuales son nuestras preocupaciones. Nada mejor que la palabra escrita, nada mejor que los cauces legales, la corrección y el razonamiento de nuestras demandas. Al menos, eso espero.

Puedes hacer llegar tu queja, si lo deseas, al gobierno de tu Comunidad Autónoma, partidos políticos y centrales sindicales. A los partidos, porque quizá interese hacerles saber que revisarás su programa de gobierno en busca de un compromiso en este sentido. A las centrales sindicales, porque, con frecuencia, algunos de sus miembros más destacados están presentes en las tomas de decisiones de las Cajas.

Si dudas de la eficacia del sistema, piensa en algunas asociaciones para la defensa de los derechos humanos. Ellos salvan vidas, salvaguardan derechos, consiguen la libertad de personas detenidas sin garantías. Y todo ello con correos electrónicos. Y, en mi modesta opinión, cargados de razón.

No establezco una comparación, es sólo un ejemplo.

Lo que propongo es más sencillo y mucho menos trascendente.

Si te parece una opción razonable, todo lo tienes a unos clics de ratón. Si los modelos propuestos son de tu agrado, puedes copiarlos en el portapapeles y trasladarlos como texto a un correo electrónico. Puedes añadir, eliminar o modificar el texto según tu criterio. Escribir un texto distinto. Es tu elección.

Si decides enviar algún correo al Defensor del Pueblo, sea nacional o autonómico, no olvides incluir tus datos personales, nombre, apellidos, DNI. Si añades tu dirección física, facilitarás que te puedan contestar por correo convencional.

Si consiguiéramos remitir un número notable de correos, nuestras quejas ganarían fuerza. Todos tenemos unos límites que respetar, en todos los actos de nuestra vida. Los límites de los gestores de las Cajas de Ahorros, los impone la Asamblea. Si la Asamblea calla, si los compromisarios se limitan a acudir, asentir y cobrar las dietas, los directivos campan a sus anchas, sin control alguno.

Piénsatelo.

Breve exposición de motivos (por si bostezas)

Las Cajas de Ahorros nacieron para luchar contra la usura.

Se definen como fundaciones privadas sin ánimo de lucro.

Uno de sus objetivos declarados es la lucha contra la exclusión social.

En los últimos años, sus gestores actúan con criterios estrictos de incremento del beneficio como objetivo primordial.

Este criterio se plasma en un constante aumento de las comisiones y gastos que sus clientes soportan.

Las Cajas prosiguen su expansión recurriendo a la subcontratación, externalización y deslocalización, evitando cumplir una de las premisas que parecen básicas dados sus principios rectores: La creación de empleo de calidad.

Están siendo utilizadas para financiar planes de privatización de la sanidad pública.

Intervienen directamente en la espiral inflacionista en el sector inmobiliario, mediante empresas participadas, con prácticas especulativas.

Como consecuencia, dificultan o impiden el acceso a una vivienda digna, derecho recogido explícitamente por el artículo 47 de nuestra Constitución.

Los equipos gestores de las Cajas, están sometidos a la aprobación de sus Asambleas de Compromisarios.

En las Asambleas de Compromisarios y, por tanto, en sus Órganos de Gobierno, figuran por ley representantes de las Corporaciones Locales: Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Autonómicos. Poderes públicos, en suma.

Las cifras aportadas a la Obra Social, se sitúan entre el 11 % y el 30 %. Un 20 % de media, parece una aproximación razonable. Si damos por bueno este dato, el 80 % del beneficio neto pasa a engrosar el patrimonio de las Cajas.

Si convienes conmigo en que dificultan el acceso a una vivienda digna y encarecen cada vez más sus servicios, podemos concluir que fomentan la exclusión social al empobrecer a los más pobres, pues son éstos parte fundamental de su clientela.

Si crees que aplican comisiones e intereses desorbitados, bien directamente, bien creando empresas financieras, parece lógico pensar que fomentan la usura.

Si damos por bueno que dedican, por término medio, el 80 % de sus beneficios netos a engrosar sus reservas, su autodefinición de "entidades sin ánimo de lucro" carece de sentido.

Puedes consultar este enlace y obtener tus propias conclusiones: http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/caja_a.html

Los representantes de las Corporaciones Locales en los Órganos de Gobierno de las Cajas, representan a los poderes públicos.

El artículo 47 de la Constitución dice:

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

No pongo en duda la legalidad de las actuaciones de los equipos gestores de las Cajas, pero sí su ética.

¿Crees que los poderes públicos, representados en las Cajas de Ahorros, están cumpliendo con su obligación?.

Yo creo que no.

Exposición de motivos

Trabajo en una Caja de Ahorros.

Del modelo de empresa que conocí, de la actitud, filosofía, cultura empresarial... queda bien poco.

No diré que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí debo admitir que existían unos límites éticos, con los que podías no estar de acuerdo, pero eran conocidos.

Ahora no hay límites.

El único objetivo es el beneficio. A cualquier precio.

Y no, no estoy de acuerdo. No puedo estarlo.

Desde hace algunos años, asisto a una degradación constante en las condiciones que las Cajas aplican a sus clientes. Más comisiones, incremento de las ya existentes, intereses leoninos en descubiertos y excedidos sumados a comisiones por impago, máximo descubierto, reclamación de deuda... la lista es interminable.

Puesto que las comisiones, como casi todo, son negociables, aquellos clientes de elevado potencial económico, son los que pueden eludirlas. El resultado es que las economías débiles resultan penalizadas... en las Cajas de Ahorros.

Cotidianamente, atiendo a personas que deben trabajar un día completo para pagar una comisión (una sola) aplicada por demora en el recibo de un préstamo, de una tarjeta, de un descubierto en cuenta.

Pero no es la razón principal de las que me mueven a intentar este blog.

En los noventa, se legisló en materia fiscal y suelo urbanizable de modo que se crearan las condiciones precisas para un escenario de especulación inmobiliaria. En mi opinión, fue deliberado.

Los gestores de las Cajas debieron entender, de forma casi unánime, que el negocio ya no era prestar dinero a promotores y constructores. Éstos se enriquecían y las Cajas ganaban únicamente el diferencial en el precio del dinero. Decidieron cambiar de estrategia.

A tal fin, crearon docenas, cientos de inmobiliarias asociándose a constructores. Las Cajas aportaban una parte significativa del capital y los constructores su experiencia empresarial. Fiel reflejo de esta política, es la existencia de innumerables inmobiliarias en los grupos consolidados de empresas que las Cajas tienen, y que puedes consultar en sus páginas web, en apartados como "información para inversores".

El eje primordial de la actividad inmobiliaria, es el suelo. Cada Ayuntamiento decide, mediante su Plan General de Ordenación Urbana, qué suelos son urbanizables. Puesto que en los Órganos de Gobierno de las Cajas hay representantes de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas...) se da la paradoja de que personas que participan en las decisiones sobre suelos a recalificar, participan también en la gestión de las entidades financieras de más peso del país, que impulsan el sector inmobiliario mediante sus empresas participadas y sus líneas de crédito. Es una situación endogámica: El control es absoluto.

No es una exageración. Las Cajas suponen hoy más del cincuenta por ciento del sistema financiero español.

Y todo esto, sin estar sujetas a más límites que los del mercado; es decir, ningún límite. Solo cuenta el beneficio.

Esta ecuación, se completa con un apartado adicional. Desde el punto de vista político, las Cajas son excelentes aliados de los gestores de la cosa pública. Aportan a las arcas autonómicas y estatales, enormes cantidades de dinero en forma de impuestos, que pagan puntualmente. Debe resultar difícil poner en tela de juicio un modelo de gestión, que hace que unas empresas saneadas inyecten con regularidad cifras enormes de impuestos. Debe ser muy fácil olvidar que detrás de unos excelentes resultados, hay una clientela compuesta fundamentalmente por personas de clase media y trabajadora, que soportan unos precios cada vez más altos por los servicios financieros que las Cajas ofrecen. Los impuestos son una fracción del beneficio bruto. El beneficio bruto sale, principalmente, del bolsillo de los clientes.

El problema es que, en el aspecto inmobiliario, se está consintiendo que se utilicen para especular contra los sectores sociales menos favorecidos, sus propios ahorros y recursos financieros. Es, en mi opinión, una perversa desviación de los fines de las Cajas.

Hay otro elemento preocupante: En los últimos años, las Cajas han decidido crear empresas de servicios financieros. Estas empresas, normalmente especializadas en créditos al consumo, refinanciaciones y tarjetas de crédito, se caracterizan por unos tipos de interés y comisiones más elevados que los habitualmente usados en las entidades de crédito convencionales. Así, por ejemplo, un préstamo personal típico tiene un interés que puede oscilar entre el 6 % y el 8,50 % anual, en el caso de préstamos a tipo fijo. Ese tipo de interés, sumado a la eventual comisión de apertura, puede arrojar una Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) comprendida entre el 6 % y el 11 %, poco más o menos. En las empresas financieras, se manejan T.A.E.´s habitualmente comprendidas entre el 15 % y el 30 % o más..

La tendencia es dirigir el crédito que consideran de baja calidad (población inmigrante, contratados temporales, mileuristas, colectivos inmersos o próximos a los parámetros de exclusión social, incluso personas con baja formación financiera) hacia esas empresas por un doble motivo: Al ser entidades externas, las tasas aplicadas no desentonan "estéticamente" y, además, los préstamos de dudoso cobro y los impagados no figuran como impagados de la entidad, no "afean" la gestión. Los beneficios, huelga decirlo, son cuantiosos.

En algunas actuaciones, viene a sumarse a las dudas éticas una duda legal: Si varias Cajas aúnan recursos económicos para crear una empresa financiera conjunta (un ejemplo es Celeris, financiera creada por veinte Cajas de Ahorros) ¿no se produce, de hecho, un pacto de precios? ¿no vulnera las leyes sobre competencia?.

A este escenario viene a añadirse una nueva actuación que entiendo se produce a espaldas de los interesados. Las Cajas están siendo utilizadas en algunas Comunidades Autónomas, para financiar planes de privatización de la Sanidad Pública. El asunto es de la suficiente importancia, para que se afronte con un amplio consenso, consenso que, me temo, ni se ha planteado.

En el plano laboral, las Cajas están incrementando su actividad sin generar apenas empleo de calidad. Paulatinamente, están llevando a cabo procesos de externalización, subcontratación y deslocalización de servicios. Áreas completas de negocio se confían a empresas externas, en muchas ocasiones creadas y/o participadas por las propias Cajas, creando empleo de inferior calidad que el que les corresponde dada su actividad y orientación social. Nuevamente, el eje conductor no es otro que el del beneficio. Parece que los gestores de las Cajas realizan su cometido pendientes tan sólo del ratio de eficiencia de las entidades que dirigen, algo muy distante de los principios rectores que proclaman.

No discuto la legalidad de las actividades de las Cajas, ni de sus directivos, ni de los miembros de sus Órganos de Control.

Discuto su ética, el abandono de las razones de ser de las Cajas, la ruptura del compromiso, tanto escrito como tácito, con las personas de menor poder adquisitivo, con las personas que dicen proteger.

Disiento profundamente con un esquema en el que la Obra Social se ha convertido en una coartada, una especie de diezmo que las Cajas pagan para poder especular libremente.

El concepto "exclusión social" hace referencia al estado al que quedan relegadas aquellas personas que por su edad, salud, procedencia, situación económica, cultural, familiar... quedan fuera de los estándares de calidad de vida y dignidad generalmente aceptados. Es una definición compleja, mucho más que el término "pobreza", al que ha venido a sustituir en los últimos años.

La lucha contra la exclusión social, es uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea. Al integrar las Cajas de Ahorros ese concepto en su declaración de intenciones, fortalece la imagen que permanece todavía en el inconsciente colectivo de la población. Pero ¿qué hay de real en esa declaración de intenciones?.

Líneas de microcréditos, actuaciones en materia de Obra Social, vienen a paliar, sin duda, las carencias de un importante número de personas. La cuestión es: ¿Fomentan las Cajas la exclusión social con sus actividades, aunque luego resuelvan una parte del problema creado?. ¿No estaremos ante una política más próxima a la caridad, tal como la entienden los poderosos?.

Creo que la misión de las Cajas es luchar contra la exclusión, no propiciarla para corregirla luego parcialmente. La forma de luchar contra la exclusión es la aplicación de tipos de interés, comisiones y gastos razonables, el abandono de las tasas excesivas, la no participación en ninguno de los procesos de especulación inmobiliaria, la elevación drástica de sus aportaciones a Obra Social, el estricto cumplimiento de sus objetivos.

¿Se hubiera creado la burbuja inmobiliaria sin la decidida participación de las Cajas?. ¿Hubieran podido los gestores de las Cajas llevar a cabo sus políticas de beneficio por el beneficio, sin la participación de los representantes de las Corporaciones Locales?.

Me parece que no.

Entiendo que urge consensuar un código de conducta específico para las Cajas de Ahorros. Un código que limite los márgenes a aplicar en sus actividades, que imponga restricciones a determinadas operaciones. Las Cajas deberían financiar vivienda protegida, vivienda de precio tasado; no deberían participar en operaciones especulativas, cuando menos en aquellas áreas que incidan negativamente sobre los derechos recogidos en nuestra Constitución; los tipos de interés máximos no deberían superar un valor razonable, (tres veces el tipo oficial central del Banco Central Europeo, supondría hoy un 12 %, que parece más que suficiente como límite máximo). Al ser la Obra Social una de las razones de ser de las Cajas, parece razonable que éstas debieran dedicar a ese fin al menos el 50 % de sus beneficios. La media actual ronda el 20 %, aunque en algunos casos no llega ni al 11 %. El resto va a reservas. Curiosa manera de aplicar el concepto "sin ánimo de lucro".

A veces me hago una pregunta simple: ¿Sería lícito que Cruz Roja se financiara con el comercio de armas?. La pregunta en sí horroriza, la respuesta es obvia.

¿Es lícito que las Cajas especulen contra las personas de economía más débil?.

Me parece que no.

Reproduzco a continuación el artículo 47 de la Constitución Española:

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Que no te líen. La Constitución no es una declaración de intenciones, sino un conjunto de normas jurídicas que generan derechos y obligaciones.

No es una cuestión baladí. Si el tema te interesa, te sugiero busques información sobre la polémica surgida tras el ataque que The Economist hizo contra el enfoque de Amnistía Internacional, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Según la publicación, alimento, trabajo, vivienda, son necesidades y no resulta de ninguna utilidad llamarlos "derechos". No se andan por las ramas. Que no te permitan cubrir una necesidad, es una cosa; que te nieguen un derecho, es algo muy distinto.

En nuestra Constitución, la vivienda digna es un derecho.

Y los representantes de las Corporaciones Locales en los Órganos de Gobierno de las Cajas, que son los representantes de los poderes públicos, conviene no olvidarlo, parecen mirar hacia otro lado.

Por cierto. Las Cajas pagan muy bien las asistencias a las Asambleas de Compromisarios y otros Órganos de Gobierno, Comisiones de Control, etcétera.

No tengo datos de todas las Cajas, pero los que conozco oscilan entre 600 y 800 euros por asistencia. La publicación "cinco días" calculaba en 813 euros la retribución media por cada asistencia.

Deberíamos decirles algo ¿no crees?.

Presentación

Las Cajas de Ahorros nacieron para luchar contra la usura.

Esta declaración de intenciones, ha sido su banderín de enganche para hacerse con un lugar en el inconsciente colectivo. Caja de Ahorros ha sido sinónimo de trato justo, lucha contra la exclusión, ausencia de ánimo de lucro.

Desde la Casa Real a la ONU, pasando por el más humilde de los ciudadanos, todos hemos asumido esas premisas.

No son brindis al sol. Son las razones de ser de las Cajas.

O lo eran.

Y de esto va este blog. O bitácora, si lo prefieres. De lo que son realmente, de lo que queda de ellas, de lo que podemos hacer.

Y, sobre todo, de lo que hacen los representantes de las Corporaciones Locales en sus órganos de gobierno. Nuestros representantes, por cierto.

Porque hemos olvidado que tenemos una posibilidad.

Porque nos estamos dejando arrebatar un patrimonio social.

Si quieres, entra. Vamos a conversar.