Las Cajas de Ahorros nacieron para luchar contra la usura.
Se definen como fundaciones privadas sin ánimo de lucro.
Uno de sus objetivos declarados es la lucha contra la exclusión social.
En los últimos años, sus gestores actúan con criterios estrictos de incremento del beneficio como objetivo primordial.
Este criterio se plasma en un constante aumento de las comisiones y gastos que sus clientes soportan.
Las Cajas prosiguen su expansión recurriendo a la subcontratación, externalización y deslocalización, evitando cumplir una de las premisas que parecen básicas dados sus principios rectores: La creación de empleo de calidad.
Están siendo utilizadas para financiar planes de privatización de la sanidad pública.
Intervienen directamente en la espiral inflacionista en el sector inmobiliario, mediante empresas participadas, con prácticas especulativas.
Como consecuencia, dificultan o impiden el acceso a una vivienda digna, derecho recogido explícitamente por el artículo 47 de nuestra Constitución.
Los equipos gestores de las Cajas, están sometidos a la aprobación de sus Asambleas de Compromisarios.
En las Asambleas de Compromisarios y, por tanto, en sus Órganos de Gobierno, figuran por ley representantes de las Corporaciones Locales: Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Autonómicos. Poderes públicos, en suma.
Las cifras aportadas a la Obra Social, se sitúan entre el 11 % y el 30 %. Un 20 % de media, parece una aproximación razonable. Si damos por bueno este dato, el 80 % del beneficio neto pasa a engrosar el patrimonio de las Cajas.
Si convienes conmigo en que dificultan el acceso a una vivienda digna y encarecen cada vez más sus servicios, podemos concluir que fomentan la exclusión social al empobrecer a los más pobres, pues son éstos parte fundamental de su clientela.
Si crees que aplican comisiones e intereses desorbitados, bien directamente, bien creando empresas financieras, parece lógico pensar que fomentan la usura.
Si damos por bueno que dedican, por término medio, el 80 % de sus beneficios netos a engrosar sus reservas, su autodefinición de "entidades sin ánimo de lucro" carece de sentido.
Puedes consultar este enlace y obtener tus propias conclusiones: http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/caja_a.html
Los representantes de las Corporaciones Locales en los Órganos de Gobierno de las Cajas, representan a los poderes públicos.
El artículo 47 de la Constitución dice:
Se definen como fundaciones privadas sin ánimo de lucro.
Uno de sus objetivos declarados es la lucha contra la exclusión social.
En los últimos años, sus gestores actúan con criterios estrictos de incremento del beneficio como objetivo primordial.
Este criterio se plasma en un constante aumento de las comisiones y gastos que sus clientes soportan.
Las Cajas prosiguen su expansión recurriendo a la subcontratación, externalización y deslocalización, evitando cumplir una de las premisas que parecen básicas dados sus principios rectores: La creación de empleo de calidad.
Están siendo utilizadas para financiar planes de privatización de la sanidad pública.
Intervienen directamente en la espiral inflacionista en el sector inmobiliario, mediante empresas participadas, con prácticas especulativas.
Como consecuencia, dificultan o impiden el acceso a una vivienda digna, derecho recogido explícitamente por el artículo 47 de nuestra Constitución.
Los equipos gestores de las Cajas, están sometidos a la aprobación de sus Asambleas de Compromisarios.
En las Asambleas de Compromisarios y, por tanto, en sus Órganos de Gobierno, figuran por ley representantes de las Corporaciones Locales: Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Autonómicos. Poderes públicos, en suma.
Las cifras aportadas a la Obra Social, se sitúan entre el 11 % y el 30 %. Un 20 % de media, parece una aproximación razonable. Si damos por bueno este dato, el 80 % del beneficio neto pasa a engrosar el patrimonio de las Cajas.
Si convienes conmigo en que dificultan el acceso a una vivienda digna y encarecen cada vez más sus servicios, podemos concluir que fomentan la exclusión social al empobrecer a los más pobres, pues son éstos parte fundamental de su clientela.
Si crees que aplican comisiones e intereses desorbitados, bien directamente, bien creando empresas financieras, parece lógico pensar que fomentan la usura.
Si damos por bueno que dedican, por término medio, el 80 % de sus beneficios netos a engrosar sus reservas, su autodefinición de "entidades sin ánimo de lucro" carece de sentido.
Puedes consultar este enlace y obtener tus propias conclusiones: http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/caja_a.html
Los representantes de las Corporaciones Locales en los Órganos de Gobierno de las Cajas, representan a los poderes públicos.
El artículo 47 de la Constitución dice:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
No pongo en duda la legalidad de las actuaciones de los equipos gestores de las Cajas, pero sí su ética.
¿Crees que los poderes públicos, representados en las Cajas de Ahorros, están cumpliendo con su obligación?.
Yo creo que no.
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