Por la presente, deseo expresar mi queja por el comportamiento de los Representantes de Corporaciones Locales en las Asambleas de Compromisarios y Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros, quienes entiendo no están cumpliendo con sus responsabilidades con las entidades a las que representan, ni con los ciudadanos.
Las Cajas de Ahorros nacieron para luchar contra la usura y la exclusión social, como bien recuerdan en su publicidad, memorias, publicaciones y páginas web. Actualmente se autodefinen como fundaciones privadas sin ánimo de lucro, que revierten parte de sus beneficios a la sociedad, a través de su Obra Social.
Este carácter social, les permitió beneficiarse durante décadas de un tratamiento diferenciado que, combinado con su orientación y, generalmente, buenas prácticas, propició que alcanzaran una elevada cuota de mercado. Paradójicamente, aunque las Cajas dicen actuar bajo criterios de puro mercado, no están sometidas a una de las leyes básicas del mismo, el reparto de beneficios a sus propietarios, dada su personalidad jurídica y objetivos. En el inconsciente colectivo, Caja de Ahorros es sinónimo de trato justo, precio equilibrado y beneficios sociales. Es público que, actualmente, suponen un cincuenta por ciento del sistema financiero español.
A mi juicio, en los últimos años asistimos a un progresivo deterioro del aspecto social de estas Instituciones, para las que la Obra Social se está convirtiendo en la coartada que les permite operar como entidades especulativas; todo ello con la aquiescencia de los Representantes de Corporaciones Locales. Alguna Caja dedicó a obra social en 2006 menos del 11 % de su beneficio neto. De la lectura de sus estados contables, se deduce que, por término medio, las Cajas de Ahorros dedican a obra social aproximadamente el 25% de sus beneficios, dedicando el 75 % restante a engrosar su patrimonio.
Lentamente, se está produciendo una apropiación de un Patrimonio con finalidad social, para convertirlo en un patrimonio con finalidad especulativa. En algunas Comunidades Autónomas, las Cajas están financiando la privatización de áreas de la Sanidad Pública.
Las Cajas de Ahorros están creando empresas de financiación, especializadas en el crédito al consumo. Según la masa crítica de la Caja, en solitario o en asociación con otras Cajas. Sus tipos de interés, salvo excepciones, son entre dos y cinco veces superiores a los tipos ofertados por las cajas propietarias. Un crédito de estas empresas puede alcanzar una T.A.E. superior al treinta por ciento. Dado que estas financieras dicen en su publicidad que su oferta abarca préstamos personales, tarjetas de crédito, financiación en comercios, financiación de automóviles y reagrupación de deudas, parece lógico pensar que las Cajas partícipes han iniciado un proceso de externalización gradual de un área de negocio. Obviamente, ningún cliente económicamente solvente y con formación financiera mínima, firmará operación alguna con estas financieras, por lo que serán los clientes económica, social o culturalmente débiles, quienes paguen el considerable sobreprecio de esta actuación. Por otra parte, en el caso de financieras fundadas por una asociación de Cajas, podría ser una forma encubierta de pactar precios.
A partir de las modificaciones legales en materia fiscal y ley del suelo, se creó un escenario muy favorable para la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorros, lejos de mantener una línea de actuación en concordancia con su finalidad (fundaciones privadas sin ánimo de lucro), alimentaron sin demora la incipiente burbuja. Aparentemente cansados de financiar a constructores y promotores para que hicieran su negocio, los equipos directivos de las Cajas decidieron entrar de lleno, no solo financiando, sino actuando como promotores y constructores. Esto se viene haciendo por el simple procedimiento de crear empresas constructoras, en las que las Cajas tienen una parte significativa del capital. Las plusvalías obtenidas y latentes por este concepto son cuantiosas, beneficiando no sólo los estados contables de la Caja, sino también las de sus asociados, como es lógico. Este uso de las Cajas para obtener beneficios traspasando sin pudor umbrales éticos y enriquecer a compañeros de viaje, se viene efectuando sin que conste que los representantes de las Corporaciones locales, presentes en sus órganos de gobierno, ejerzan tutela, control o crítica alguna. Y no será porque lo ignoren. Dado que la clientela natural de las Cajas son las economías pequeñas y medias, se da la terrible paradoja de que con el dinero de las capas sociales menos pudientes, se está especulando contra ellas, al dificultarles enormemente la consecución de un derecho fundamental: Una vivienda digna. Entiendo que los representantes de las Corporaciones locales han omitido su obligación de velar por el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución.
Según parece, las dietas abonadas por las Cajas a los miembros de sus Órganos de Control son, en promedio, de 813 euros por reunión. De ser cierto este dato, las Cajas estarían abonando a sus compromisarios y/o consejeros cada vez que acuden a una reunión un importe equivalente al salario mensual de muchos de sus clientes.
Áreas completas de negocio han sido (o están siendo) externalizadas en la práctica totalidad de Cajas. Va siendo habitual que las operaciones de valores, inversiones, archivo, captura de datos, domiciliaciones, control de impagados, atención telefónica, medios de pago, etc. se encomienden a empresas creadas por las Cajas, a veces con la participación de directivos de las mismas o personas con información privilegiada, en su accionariado. En nombre de la optimización de costos, se genera empleo de peor calidad y beneficios para determinadas personas. Las plantillas de las Cajas crecen en una proporción muy inferior al incremento de su volumen de negocio, por este simple procedimiento: Externalizar.
Quiero expresar mi preocupación por el uso mercantilista que se le está dando a la Obra Social. Algunas Cajas están empezando a condicionar la concesión de ayudas por esa vía, al grado de vinculación comercial existente entre los responsables de las entidades demandantes de ayuda y la propia Caja. Me parece un paso peligroso. Me pregunto cual es el soporte ético para conceder o no una ayuda a una asociación de parapléjicos, o de enfermos oncológicos, en función de que los responsables de la Asociación sean o no clientes a título particular.
He tenido conocimiento de las crecientes dificultades que las personas de otras nacionalidades, tienen a la hora de conseguir financiación y servicios bancarios en las entidades financieras españolas, Cajas de Ahorro incluídas.
Estas dificultades, ampliamente comentadas en los medios de comunicación, no deberían ser distintas a las que cualquier cliente de nacionalidad española tiene que hacer frente. Al parecer, en algunas entidades se han establecido condiciones específicas de análisis y concesión de riesgos para aquellos clientes identificados con N.I.E. (número de identificación de extranjero) y no con D.N.I. (documento nacional de identidad). De ser cierto, podrían estar vulnerándose derechos fundamentales de estas personas, en base a su nacionalidad.
Áreas completas de negocio han sido (o están siendo) externalizadas en la práctica totalidad de Cajas. Va siendo habitual que las operaciones de valores, inversiones, archivo, captura de datos, domiciliaciones, control de impagados, atención telefónica, medios de pago, etc. se encomienden a empresas creadas por las Cajas, a veces con la participación de directivos de las mismas o personas con información privilegiada, en su accionariado. En nombre de la optimización de costos, se genera empleo de peor calidad y beneficios para determinadas personas. Las plantillas de las Cajas crecen en una proporción muy inferior al incremento de su volumen de negocio, por este simple procedimiento: Externalizar.
Quiero expresar mi preocupación por el uso mercantilista que se le está dando a la Obra Social. Algunas Cajas están empezando a condicionar la concesión de ayudas por esa vía, al grado de vinculación comercial existente entre los responsables de las entidades demandantes de ayuda y la propia Caja. Me parece un paso peligroso. Me pregunto cual es el soporte ético para conceder o no una ayuda a una asociación de parapléjicos, o de enfermos oncológicos, en función de que los responsables de la Asociación sean o no clientes a título particular.
He tenido conocimiento de las crecientes dificultades que las personas de otras nacionalidades, tienen a la hora de conseguir financiación y servicios bancarios en las entidades financieras españolas, Cajas de Ahorro incluídas.
Estas dificultades, ampliamente comentadas en los medios de comunicación, no deberían ser distintas a las que cualquier cliente de nacionalidad española tiene que hacer frente. Al parecer, en algunas entidades se han establecido condiciones específicas de análisis y concesión de riesgos para aquellos clientes identificados con N.I.E. (número de identificación de extranjero) y no con D.N.I. (documento nacional de identidad). De ser cierto, podrían estar vulnerándose derechos fundamentales de estas personas, en base a su nacionalidad.
Es obvio que las Cajas deben obtener beneficio en sus operaciones. Es fundamental para su supervivencia que desvíen parte de sus beneficios a reservas, no solo para cumplir con sus obligaciones contables, sino para hacer más segura la entidad y otorgar seguridad a sus clientes. Pero cobrar intereses de usura, comisiones abusivas, emitir directrices xenófobas, especular obligando a los menos pudientes a contratar hipotecas vitalicias o haciendo imposible que accedan a una vivienda digna dificultando, de paso, el crecimiento de otros sectores económicos a los que los ciudadanos no pueden desviar recursos, subcontratar y externalizar cada vez mayor número de áreas de negocio creando empleo de baja calidad, elevar dietas y retribuciones de compromisarios y consejeros a importes que parecen propios de una compra de voluntades.... nada de esto parece guardar relación con la naturaleza de las Cajas. Y la Obra Social no puede ser la coartada con la que, tras pagarle poco más que un diezmo, justifique tamaños despropósitos.
Creo necesaria la creación de un código de conducta para las Cajas de Ahorros, en el que se especifiquen claramente los límites a su actuación. Los intereses máximos, el porcentaje dedicado y la orientación de las acciones realizadas como Obra Social; las operaciones inmobiliarias acometidas por sus empresas participadas, las condiciones de trabajo impuestas a sus empleados, las retribuciones de sus consejeros, personal de alta dirección y órganos de control y gobierno, no pueden dejarse libremente en manos de sus gestores.
No estoy de acuerdo con la actitud de los Representantes de Corporaciones Locales presentes en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros. Puedo entender, que no compartir, que los directivos de las Cajas se dejen el corazón en casa. Probablemente sea un estorbo a la hora de analizar ratios de eficiencia y beneficios. Pero que los bendigan con su silencio o complicidad quienes me representan como ciudadano, es excesivo.
Creo necesaria la creación de un código de conducta para las Cajas de Ahorros, en el que se especifiquen claramente los límites a su actuación. Los intereses máximos, el porcentaje dedicado y la orientación de las acciones realizadas como Obra Social; las operaciones inmobiliarias acometidas por sus empresas participadas, las condiciones de trabajo impuestas a sus empleados, las retribuciones de sus consejeros, personal de alta dirección y órganos de control y gobierno, no pueden dejarse libremente en manos de sus gestores.
No estoy de acuerdo con la actitud de los Representantes de Corporaciones Locales presentes en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros. Puedo entender, que no compartir, que los directivos de las Cajas se dejen el corazón en casa. Probablemente sea un estorbo a la hora de analizar ratios de eficiencia y beneficios. Pero que los bendigan con su silencio o complicidad quienes me representan como ciudadano, es excesivo.
Atentamente,
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