Exposición de motivos

Trabajo en una Caja de Ahorros.

Del modelo de empresa que conocí, de la actitud, filosofía, cultura empresarial... queda bien poco.

No diré que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí debo admitir que existían unos límites éticos, con los que podías no estar de acuerdo, pero eran conocidos.

Ahora no hay límites.

El único objetivo es el beneficio. A cualquier precio.

Y no, no estoy de acuerdo. No puedo estarlo.

Desde hace algunos años, asisto a una degradación constante en las condiciones que las Cajas aplican a sus clientes. Más comisiones, incremento de las ya existentes, intereses leoninos en descubiertos y excedidos sumados a comisiones por impago, máximo descubierto, reclamación de deuda... la lista es interminable.

Puesto que las comisiones, como casi todo, son negociables, aquellos clientes de elevado potencial económico, son los que pueden eludirlas. El resultado es que las economías débiles resultan penalizadas... en las Cajas de Ahorros.

Cotidianamente, atiendo a personas que deben trabajar un día completo para pagar una comisión (una sola) aplicada por demora en el recibo de un préstamo, de una tarjeta, de un descubierto en cuenta.

Pero no es la razón principal de las que me mueven a intentar este blog.

En los noventa, se legisló en materia fiscal y suelo urbanizable de modo que se crearan las condiciones precisas para un escenario de especulación inmobiliaria. En mi opinión, fue deliberado.

Los gestores de las Cajas debieron entender, de forma casi unánime, que el negocio ya no era prestar dinero a promotores y constructores. Éstos se enriquecían y las Cajas ganaban únicamente el diferencial en el precio del dinero. Decidieron cambiar de estrategia.

A tal fin, crearon docenas, cientos de inmobiliarias asociándose a constructores. Las Cajas aportaban una parte significativa del capital y los constructores su experiencia empresarial. Fiel reflejo de esta política, es la existencia de innumerables inmobiliarias en los grupos consolidados de empresas que las Cajas tienen, y que puedes consultar en sus páginas web, en apartados como "información para inversores".

El eje primordial de la actividad inmobiliaria, es el suelo. Cada Ayuntamiento decide, mediante su Plan General de Ordenación Urbana, qué suelos son urbanizables. Puesto que en los Órganos de Gobierno de las Cajas hay representantes de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas...) se da la paradoja de que personas que participan en las decisiones sobre suelos a recalificar, participan también en la gestión de las entidades financieras de más peso del país, que impulsan el sector inmobiliario mediante sus empresas participadas y sus líneas de crédito. Es una situación endogámica: El control es absoluto.

No es una exageración. Las Cajas suponen hoy más del cincuenta por ciento del sistema financiero español.

Y todo esto, sin estar sujetas a más límites que los del mercado; es decir, ningún límite. Solo cuenta el beneficio.

Esta ecuación, se completa con un apartado adicional. Desde el punto de vista político, las Cajas son excelentes aliados de los gestores de la cosa pública. Aportan a las arcas autonómicas y estatales, enormes cantidades de dinero en forma de impuestos, que pagan puntualmente. Debe resultar difícil poner en tela de juicio un modelo de gestión, que hace que unas empresas saneadas inyecten con regularidad cifras enormes de impuestos. Debe ser muy fácil olvidar que detrás de unos excelentes resultados, hay una clientela compuesta fundamentalmente por personas de clase media y trabajadora, que soportan unos precios cada vez más altos por los servicios financieros que las Cajas ofrecen. Los impuestos son una fracción del beneficio bruto. El beneficio bruto sale, principalmente, del bolsillo de los clientes.

El problema es que, en el aspecto inmobiliario, se está consintiendo que se utilicen para especular contra los sectores sociales menos favorecidos, sus propios ahorros y recursos financieros. Es, en mi opinión, una perversa desviación de los fines de las Cajas.

Hay otro elemento preocupante: En los últimos años, las Cajas han decidido crear empresas de servicios financieros. Estas empresas, normalmente especializadas en créditos al consumo, refinanciaciones y tarjetas de crédito, se caracterizan por unos tipos de interés y comisiones más elevados que los habitualmente usados en las entidades de crédito convencionales. Así, por ejemplo, un préstamo personal típico tiene un interés que puede oscilar entre el 6 % y el 8,50 % anual, en el caso de préstamos a tipo fijo. Ese tipo de interés, sumado a la eventual comisión de apertura, puede arrojar una Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) comprendida entre el 6 % y el 11 %, poco más o menos. En las empresas financieras, se manejan T.A.E.´s habitualmente comprendidas entre el 15 % y el 30 % o más..

La tendencia es dirigir el crédito que consideran de baja calidad (población inmigrante, contratados temporales, mileuristas, colectivos inmersos o próximos a los parámetros de exclusión social, incluso personas con baja formación financiera) hacia esas empresas por un doble motivo: Al ser entidades externas, las tasas aplicadas no desentonan "estéticamente" y, además, los préstamos de dudoso cobro y los impagados no figuran como impagados de la entidad, no "afean" la gestión. Los beneficios, huelga decirlo, son cuantiosos.

En algunas actuaciones, viene a sumarse a las dudas éticas una duda legal: Si varias Cajas aúnan recursos económicos para crear una empresa financiera conjunta (un ejemplo es Celeris, financiera creada por veinte Cajas de Ahorros) ¿no se produce, de hecho, un pacto de precios? ¿no vulnera las leyes sobre competencia?.

A este escenario viene a añadirse una nueva actuación que entiendo se produce a espaldas de los interesados. Las Cajas están siendo utilizadas en algunas Comunidades Autónomas, para financiar planes de privatización de la Sanidad Pública. El asunto es de la suficiente importancia, para que se afronte con un amplio consenso, consenso que, me temo, ni se ha planteado.

En el plano laboral, las Cajas están incrementando su actividad sin generar apenas empleo de calidad. Paulatinamente, están llevando a cabo procesos de externalización, subcontratación y deslocalización de servicios. Áreas completas de negocio se confían a empresas externas, en muchas ocasiones creadas y/o participadas por las propias Cajas, creando empleo de inferior calidad que el que les corresponde dada su actividad y orientación social. Nuevamente, el eje conductor no es otro que el del beneficio. Parece que los gestores de las Cajas realizan su cometido pendientes tan sólo del ratio de eficiencia de las entidades que dirigen, algo muy distante de los principios rectores que proclaman.

No discuto la legalidad de las actividades de las Cajas, ni de sus directivos, ni de los miembros de sus Órganos de Control.

Discuto su ética, el abandono de las razones de ser de las Cajas, la ruptura del compromiso, tanto escrito como tácito, con las personas de menor poder adquisitivo, con las personas que dicen proteger.

Disiento profundamente con un esquema en el que la Obra Social se ha convertido en una coartada, una especie de diezmo que las Cajas pagan para poder especular libremente.

El concepto "exclusión social" hace referencia al estado al que quedan relegadas aquellas personas que por su edad, salud, procedencia, situación económica, cultural, familiar... quedan fuera de los estándares de calidad de vida y dignidad generalmente aceptados. Es una definición compleja, mucho más que el término "pobreza", al que ha venido a sustituir en los últimos años.

La lucha contra la exclusión social, es uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea. Al integrar las Cajas de Ahorros ese concepto en su declaración de intenciones, fortalece la imagen que permanece todavía en el inconsciente colectivo de la población. Pero ¿qué hay de real en esa declaración de intenciones?.

Líneas de microcréditos, actuaciones en materia de Obra Social, vienen a paliar, sin duda, las carencias de un importante número de personas. La cuestión es: ¿Fomentan las Cajas la exclusión social con sus actividades, aunque luego resuelvan una parte del problema creado?. ¿No estaremos ante una política más próxima a la caridad, tal como la entienden los poderosos?.

Creo que la misión de las Cajas es luchar contra la exclusión, no propiciarla para corregirla luego parcialmente. La forma de luchar contra la exclusión es la aplicación de tipos de interés, comisiones y gastos razonables, el abandono de las tasas excesivas, la no participación en ninguno de los procesos de especulación inmobiliaria, la elevación drástica de sus aportaciones a Obra Social, el estricto cumplimiento de sus objetivos.

¿Se hubiera creado la burbuja inmobiliaria sin la decidida participación de las Cajas?. ¿Hubieran podido los gestores de las Cajas llevar a cabo sus políticas de beneficio por el beneficio, sin la participación de los representantes de las Corporaciones Locales?.

Me parece que no.

Entiendo que urge consensuar un código de conducta específico para las Cajas de Ahorros. Un código que limite los márgenes a aplicar en sus actividades, que imponga restricciones a determinadas operaciones. Las Cajas deberían financiar vivienda protegida, vivienda de precio tasado; no deberían participar en operaciones especulativas, cuando menos en aquellas áreas que incidan negativamente sobre los derechos recogidos en nuestra Constitución; los tipos de interés máximos no deberían superar un valor razonable, (tres veces el tipo oficial central del Banco Central Europeo, supondría hoy un 12 %, que parece más que suficiente como límite máximo). Al ser la Obra Social una de las razones de ser de las Cajas, parece razonable que éstas debieran dedicar a ese fin al menos el 50 % de sus beneficios. La media actual ronda el 20 %, aunque en algunos casos no llega ni al 11 %. El resto va a reservas. Curiosa manera de aplicar el concepto "sin ánimo de lucro".

A veces me hago una pregunta simple: ¿Sería lícito que Cruz Roja se financiara con el comercio de armas?. La pregunta en sí horroriza, la respuesta es obvia.

¿Es lícito que las Cajas especulen contra las personas de economía más débil?.

Me parece que no.

Reproduzco a continuación el artículo 47 de la Constitución Española:

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Que no te líen. La Constitución no es una declaración de intenciones, sino un conjunto de normas jurídicas que generan derechos y obligaciones.

No es una cuestión baladí. Si el tema te interesa, te sugiero busques información sobre la polémica surgida tras el ataque que The Economist hizo contra el enfoque de Amnistía Internacional, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Según la publicación, alimento, trabajo, vivienda, son necesidades y no resulta de ninguna utilidad llamarlos "derechos". No se andan por las ramas. Que no te permitan cubrir una necesidad, es una cosa; que te nieguen un derecho, es algo muy distinto.

En nuestra Constitución, la vivienda digna es un derecho.

Y los representantes de las Corporaciones Locales en los Órganos de Gobierno de las Cajas, que son los representantes de los poderes públicos, conviene no olvidarlo, parecen mirar hacia otro lado.

Por cierto. Las Cajas pagan muy bien las asistencias a las Asambleas de Compromisarios y otros Órganos de Gobierno, Comisiones de Control, etcétera.

No tengo datos de todas las Cajas, pero los que conozco oscilan entre 600 y 800 euros por asistencia. La publicación "cinco días" calculaba en 813 euros la retribución media por cada asistencia.

Deberíamos decirles algo ¿no crees?.